¿Qué es la CLARITY Act en Estados Unidos y por qué es importante para el futuro de las criptomonedas?

La CLARITY Act, conocida oficialmente como Digital Asset Market Clarity Act, es una de las propuestas legislativas más importantes relacionadas con las criptomonedas en Estados Unidos. El Congreso la está tramitando desde 2025 y su objetivo es establecer un marco legislativo más claro para la emisión, la negociación y la regulación de los activos digitales en Estados Unidos.

Aunque la propuesta ya ha avanzado considerablemente en el proceso legislativo, su evolución futura sigue siendo incierta. La principal cuestión es si podrá aprobarse antes de que finalice 2026. Esto se debe principalmente a temas controvertidos como los rendimientos de las stablecoins, la regulación de las DeFi, la protección de los inversores y los posibles conflictos de intereses. En este artículo analizaremos qué es realmente la CLARITY Act, cómo clasifica los distintos tipos de activos y qué impacto podría tener sobre los inversores.

¿Qué es la CLARITY Act?

El principal objetivo de la CLARITY Act es aportar una mayor seguridad jurídica a un mercado que durante muchos años ha funcionado en Estados Unidos sin normas uniformes y claramente definidas. A diferencia de las leyes que se centran únicamente en un ámbito concreto, la CLARITY Act aborda de forma más amplia el funcionamiento de todo el mercado de activos digitales.

Las empresas estadounidenses de criptomonedas llevan mucho tiempo enfrentándose a la incertidumbre sobre si determinados tokens deben considerarse valores, materias primas o una categoría de activos completamente diferente. Las normas ambiguas dificultan el funcionamiento de todo el mercado, desde los emisores de tokens y las plataformas de intercambio hasta los brókeres, los gestores de activos y los propios inversores.

Este problema fue especialmente visible durante el mandato de Gary Gensler al frente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, es decir, la SEC, entre 2021 y 2025. Durante este periodo, la SEC emprendió varias acciones legales contra empresas de criptomonedas y les aplicó las normas existentes sobre valores. Mientras tanto, la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas, o CFTC, supervisaba principalmente los derivados sobre materias primas y determinadas partes del mercado de criptomonedas.

Como resultado, muchas empresas no sabían qué normas se les aplicaban realmente. Una compañía que quería lanzar un token, incorporar una criptomoneda a una plataforma de intercambio u ofrecer servicios de negociación de activos digitales se enfrentaba a menudo a riesgos legales, incluso cuando intentaba actuar de manera responsable.

Por ello, la propuesta pretende sustituir esta incertidumbre por un marco jurídico más claro, diseñado específicamente para los activos basados en blockchain. La CLARITY Act suele mencionarse junto con la GENIUS Act, aunque ambas propuestas tienen objetivos diferentes. La GENIUS Act se centra principalmente en las stablecoins de pago y establece normas para su emisión, sus reservas y la protección de los consumidores.

En cambio, la CLARITY Act tiene un alcance más amplio. Regula el funcionamiento del mercado de activos digitales en su conjunto, incluidas las materias primas digitales, las plataformas de negociación, los brókeres, los gestores de activos y la distribución de competencias entre la SEC y la CFTC. Aunque también aborda determinados aspectos relacionados con las stablecoins, estas no constituyen su tema principal.

¿En qué se centra principalmente?

La ley se centra en varios problemas persistentes del mercado estadounidense de criptomonedas.

El primer problema es el solapamiento de las competencias de los reguladores. Tanto la SEC como la CFTC supervisan determinadas partes del mercado de criptomonedas, pero cada una de estas instituciones desempeña una función diferente. Sin normas claras, las empresas a menudo no saben si deben registrarse ante uno de los reguladores, ante ambos o ante ninguno.

El segundo problema es la clasificación poco clara de los tokens. Un activo digital puede funcionar como una materia prima en una situación determinada, mientras que la forma en que se vende puede asemejarse a una oferta de valores. Por ello, la CLARITY Act trata de separar el propio activo de la forma en que fue ofrecido o vendido.

El tercer problema es la incertidumbre en materia de cumplimiento normativo. Las plataformas de intercambio de criptomonedas, los brókeres y los gestores de activos necesitan saber con qué tipo de activo están trabajando para poder determinar qué normas se les aplican. Sin un marco claro, incluso las empresas que intentan cumplir la ley pueden enfrentarse a riesgos.

El cuarto problema es la protección de los inversores. Unas normas más claras podrían aumentar la seguridad y la transparencia del mercado, ya que los inversores tendrían una mejor comprensión de los activos que compran, de quién está detrás de ellos y de las normas que se les aplican. Al mismo tiempo, se reduciría el margen para interpretaciones ambiguas de la regulación.

¿Cómo clasifica la CLARITY Act los activos digitales?

Uno de los principales elementos de la ley es el intento de clasificar los activos digitales según su funcionamiento, su utilización en el mercado y la forma en que fueron vendidos.

Una categoría importante son las materias primas digitales. Se trata de activos basados en blockchain que no deberían considerarse acciones, bonos u otros valores tradicionales. En este contexto suelen mencionarse Bitcoin, Ethereum y XRP. Bitcoin se considera generalmente una materia prima digital. En el caso de Ethereum y otros activos, como XRP, la CLARITY Act establece un mecanismo mediante el cual podrían clasificarse como materias primas digitales si cumplen determinadas condiciones.

Otra categoría importante son las stablecoins. Se trata de activos digitales cuyo valor está vinculado a un activo estable, normalmente el dólar estadounidense. Este ámbito también está regulado por la GENIUS Act, una ley independiente que se centra principalmente en la regulación de las stablecoins de pago, su emisión, sus reservas y la protección de los usuarios.

La ley también utiliza el concepto de valores tokenizados. Se trata de instrumentos financieros tradicionales, como acciones o bonos, registrados en una blockchain. Dado que el activo subyacente continúa siendo un valor, deberían seguir aplicándose las normas correspondientes a los valores.

Una de las cuestiones clave es determinar cuándo una red blockchain puede considerarse suficientemente descentralizada. Esta distinción es especialmente importante porque un token puede venderse inicialmente de una forma que se asemeje a una oferta de inversión. Sin embargo, con el tiempo el proyecto puede desarrollarse, la red puede depender menos de un único equipo o empresa y el propio token puede dejar de tener las mismas características que un valor.

Por ello, la CLARITY Act trata de establecer normas más claras para determinar si un activo digital debe quedar sujeto a la regulación de valores o considerarse una materia prima digital.

¿Qué significaría para las empresas?

Para las empresas del sector de las criptomonedas, la CLARITY Act podría cambiar considerablemente el funcionamiento del mercado estadounidense.

Para las plataformas de intercambio, la ley establecería un marco más claro para la incorporación y negociación de materias primas digitales. Al mismo tiempo, reduciría la incertidumbre sobre qué regulador supervisa sus actividades: la SEC o la CFTC. Para los brókeres, la ley definiría con mayor claridad las obligaciones relacionadas con la intermediación de transacciones y la gestión de los activos de los clientes. En el ámbito de la gestión y custodia de activos, las normas se centrarían principalmente en la custodia segura, la separación de los activos de los clientes del patrimonio de la empresa, la gestión de riesgos y la prevención de conflictos de intereses.

Los emisores de stablecoins se verían afectados principalmente por las restricciones relacionadas con los rendimientos pasivos sobre los saldos en stablecoins. Este es uno de los puntos más debatidos de toda la propuesta. Los proyectos de criptomonedas obtendrían normas más predecibles para determinar el estatus jurídico de sus tokens, captar capital y pasar gradualmente de un modelo más centralizado a una red descentralizada.

Una distribución más clara de las competencias entre la SEC y la CFTC también podría beneficiar a las instituciones financieras tradicionales. Reduciría la incertidumbre regulatoria y facilitaría su entrada en el sector de los activos digitales.

¿Qué impacto tendría la ley sobre los inversores?

Para los inversores, la CLARITY Act podría aportar normas más claras, más información y un acceso más amplio a oportunidades de inversión relacionadas con los activos digitales.

Uno de los ámbitos que podrían cambiar son las ofertas iniciales de tokens, conocidas como ICO. Estas han sido con frecuencia difíciles de acceder para los inversores estadounidenses, principalmente debido a la falta de claridad del entorno regulatorio. Un marco jurídico más claro podría permitir que determinados proyectos captaran capital de una forma más transparente y regulada.

Sin embargo, este punto es precisamente el que genera más críticas. Los opositores a la ley advierten de que, si una mayor parte de los criptoactivos queda fuera de la supervisión directa de la SEC, los inversores minoristas podrían recibir menos información y disfrutar de un nivel de protección inferior al que existe para los valores tradicionales. Por tanto, la cuestión clave sigue siendo si la ley establecerá un marco regulatorio equilibrado o concederá al sector de las criptomonedas un margen de actuación demasiado amplio sin una supervisión suficiente.

Cronología de la CLARITY Act

La CLARITY Act se tramita en el Congreso desde 2025 y ha ido superando progresivamente varias etapas importantes del proceso legislativo.

Actualmente, la propuesta se encuentra en el proceso legislativo del Senado, aunque todavía no se ha fijado una fecha concreta para la votación. Incluso si el Senado aprobara su propia versión, esta tendría que armonizarse con la versión aprobada por la Cámara de Representantes. Solo después podría presentarse la ley al presidente para su firma. Por tanto, su forma definitiva sigue siendo incierta.

Críticas y puntos controvertidos

A pesar del fuerte apoyo de numerosos legisladores y del sector de las criptomonedas, la CLARITY Act sigue siendo controvertida.

Uno de los principales temas son los rendimientos de las stablecoins. Los grupos bancarios advierten de que, si se permitiera a los emisores de stablecoins pagar intereses o rendimientos pasivos, parte de los depósitos podría trasladarse de los bancos tradicionales a las stablecoins. El sector de las criptomonedas, por el contrario, sostiene que estas preocupaciones son exageradas. Por ello, los legisladores modificaron la propuesta para prohibir los rendimientos pasivos pagados por los emisores de stablecoins y determinados terceros. Sin embargo, algunas formas de recompensas basadas en la actividad del usuario podrían seguir estando permitidas.

Otro tema son los conflictos de intereses. Algunos demócratas propusieron modificaciones que limitarían la posibilidad de que los funcionarios federales obtuvieran beneficios de proyectos de criptomonedas. Este debate también estuvo relacionado con las preocupaciones sobre los vínculos entre los políticos y los activos digitales. La propuesta fue considerada una respuesta a las amplias actividades del presidente Trump en el sector de las criptomonedas, que, según sus críticos, habrían generado beneficios millonarios para su familia. Sin embargo, la modificación propuesta no fue aprobada en comisión.

También se debate la protección de los inversores minoristas. Los críticos sostienen que, si muchos activos digitales quedan fuera de las normas aplicables a los valores, los inversores podrían recibir menos información y contar con una protección jurídica más débil.

La regulación de las DeFi también sigue siendo un tema importante. La versión actual de la CLARITY Act considera generalmente los protocolos descentralizados más como una infraestructura que como intermediarios que deberían registrarse de forma similar a las instituciones financieras tradicionales. Sus defensores sostienen que este enfoque es importante para proteger a los desarrolladores y a las tecnologías que permiten a los usuarios gestionar sus propias criptomonedas. Sin embargo, los críticos advierten de que grandes partes del mercado podrían quedar sin una supervisión suficiente.

Conclusión

La CLARITY Act es uno de los intentos más importantes de establecer normas claras para los activos digitales en Estados Unidos. Su principal objetivo es determinar qué criptoactivos están sujetos a las normas aplicables a los valores, cuáles deben considerarse materias primas y qué regulador debe supervisar cada parte del mercado.

Si la ley fuera aprobada, podría aportar la seguridad jurídica esperada desde hace tiempo por las empresas de criptomonedas, las instituciones financieras tradicionales y los inversores. También podría aumentar el atractivo de Estados Unidos como lugar para el desarrollo de activos digitales.

Sin embargo, la ley sigue siendo políticamente sensible. Temas como los rendimientos de las stablecoins, la regulación de las DeFi, la protección de los inversores y los conflictos de intereses continúan dividiendo a los legisladores. Hasta que el Senado concluya su trabajo y se acuerde una versión definitiva de la ley, el futuro de la CLARITY Act seguirá siendo incierto.

No obstante, ya está claro que la CLARITY Act ha influido considerablemente en el debate sobre la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos. Independientemente de que finalmente se convierta o no en ley, demuestra que el país avanza gradualmente hacia una supervisión más clara y sistemática del mercado de activos digitales.

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